En el Aniversario por abril declarado por decreto en 1998 el mes de la prevención del Abuso Infantil, nos sorprende en una época donde los menores constituyen el índice más alto de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana.

Pienso que debemos revisar nuestra educación básica, ya que no se concibe lo rápido que está creciendo la deformación infantil en el país, cuando más decrece el Analfabetismo. Pienso que debemos re-definir asignaciones educativo para que se identifiquen con la realidad que vivimos y podamos trazar las pautas para prevenirla por todos los medios. Somos el producto de una sociedad que necesita de normativas aplicadas a la educación básica, como eje para normalizar las conductas de los individuos como ente social. Por lo que planteo que debe impartirse ética, moral y los derechos básicos en un compendio infantil que nos permita retomar el control de los valores para que los y las adolescentes se conviertan en entes responsables y comprometidos con su sociedad.

 Por lo que sugiero que debe incluirse en la educación inicial las cátedras de entendidos en la carrera de derecho para iniciar un proceso de recuperación que debe enmarcarse en un estudio profundo de la Sociología, la Psicología y la Ciencias Jurídicas y políticas, que permitan tener a manos un nuevo compendio educativo que pueda hacer una separación de clase, entre individuos sociales y degenerados sociales que haya que excluir de la sociedad o utilizar otra metodología de educación para los mismos.

 Por tal virtud deben penalizarse las inconductas de los Menores de forma proporcional a los hechos que le den sustento a la infracción o ilícito cometido, de modo que bajo ningún concepto la criminalidad pueda ser excusada por la minoría de edad. Pienso que el Estado dominicano debe contemplar la construcción de cárceles modelos infantiles, para que el estado como tutor se haga cargo de los menores infractores, hasta tanto cumplan su mayoría de edad, dando seguimiento a un precepto Constitucional que debe prevalecer, luego que sean remitidos a los tribunales ordinarios para ser juzgado por los hechos cometidos y que se le descuente el tiempo transcurrido en la cárcel preventiva para menor.

La fiscalía debe asumir una posición regia en esta virtud, de manera que se pueda identificar cuáles son los derechos y garantías de los menores, el papel de la familia y la perdida y penalización de estos derechos. De igual modo los Juzgados de Paz, conjuntamente con el fiscal, deben retomar su rol de conciliador y tutor de la sociedad que supervisan, de modo que se conviertan en observatorio que pueda en su justa dimensión trazar las políticas preventivas de rigor, de acuerdo a los casos que se suscitan en una determinada sociedad, de conformidad a su estadísticas en los procesos que se suscriben.

Queda entendido que todo estos desnivele que sufre la sociedad dominicana se deben a un descuido que han sufrido los órganos educativos, coercitivo y familiar. Por lo que debemos concentrarnos en retomarlo para en conjuntos trazar las pautas que nos permitan retomar estos escenarios que hemos descuidado, mismo que constituye un gran desafío a cumplir para la sociedad, la Justicia y el Estado dominicano (Lic. Jesús Ma. Guzmán González).

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